El Gobierno sale a desarticular la «cláusula Monsanto»

Clarin

La pelea por las semillas. Agroindustria firmó una resolución que, sin mencionar la pelea entre la empresa y los productores, obligará a desactivar los controles que aplica Monsanto para cobrar regalías.

El gobierno apeló a un pequeño truco para obligar a Monsanto y el resto del sector semillero a desistir de realizar controles compulsivos sobre los granos enviados por los productores a puertos y acopios, para detectar la presencia de la nueva versión de la soja transgénica, conocida como Intacta. El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, firmó una resolución que determina que todo tipo de análisis en el negocio agrícola debe contar con aval de esa cartera. Va de suyo que Monsanto no lo tiene.

«Dispónese que todo sistema, procedimiento o método de control, muestreo o análisis que se utilice en el comercio de granos para pesar, medir, mejorar, conservar y analizar los mismos, deberá contar para su implementación con la previa autorización del Ministerio de Agroindustria«. Esa es la fórmula elegida por el Gobierno macrista para voltear sin disimulo la pretensión de Monsanto de realizar análisis a cada camión cargado con soja, para eventualmente cobrarle al productor que haya sembrado la Intacta y no pueda demostrar haber pagado previamente esa tecnología. Es el artículo 1 de una resolución que acaba de firmar Buryaile y que será publicada en las próximas horas en el Boletín Oficial.

No solo la llamada «Cláusula Monsanto» dejará de tener efecto ni bien la resolución (lleva el número 140) entre en vigencia. También quedará sin efecto el llamado sistema Bolsatech, ideado por diversas entidades de la cadena agrícola para sortear el conflicto entre Monsanto y las entidades rurales. Este esquema también aplicaba controles a las cargas de granos, pero ante el hallazgo de Intacta o algún otro evento transgénico, evitaba el cobro compulsivo al productor e instrumentaba un espacio de conciliación en las cámaras arbitrales de la Bolsa de Cereales.

El artículo 2 de la mencionada resolución establece con mayor claridad que ni uno ni otro sistema podrán regir esta cosecha de soja, que ya comenzó aunque está demorada por las contingencias climáticas. Determina que los sistemas en vigencia que no cuenten con aval del Ministerio «serán considerados inválidos, como así también las obligaciones que de ellos deriven». Esto quiere decir que si algún productor ya fue intimado por Monsanto a pagar las regalías por esta tecnología, esa medida no tendrá ningún efecto.

Monsanto, que desembarcó con su nueva soja transgénica hace tres años, pero recién esta temporada permitió su siembra en la región pampeana, viene desde hace años reclamando un marco jurídico que le asegure el cobro de una retribución por el desarrollo de este tipo de tecnologías biotecnológicas. En realidad, es toda la industria semillera la que reclama lo mismo. Pero Monsanto avanzó por las suyas y en acuerdo con los grandes exportadores de granos montó un sistema totalmente al margen de las regulaciones estatales: controlaba las cargas y, si detectaba su evento, cobraba compulsivamente a los chacareros una suma de hasta 14 dólares por tonelada.

Hace varias semanas, Buryaile había manifestado que su posición era más cercana a la de las entidades del agro, que afirman que el único momento en que se debe pagar por esa tecnología es cuando se compra la bolsa de semillas para sembrar. El ministro intentó llevar adelante una negociación para acercar a las partes, pero todo fracasó por la intransigencia de la multinacional. Ahora adoptó esta fórmula, que obliga a Monsanto a desactivar sus controles y fuerza a todo el sector a una nueva conciliación, que de todos modos no ofrecería resultados concretos esta campaña.

En la agenda oficial figura el envío al Congreso de una nueva Ley de Semillas que actualice una normativa vigente desde 1974, cuando todavía no existían los transgénicos. Esa normativa debería fijar el marco en el que quienes desarrollen nuevas tecnologías obtengan una compensación económica adecuada. También debería poner límites más precisos al «Uso Propio», el derecho milenario de los agricultores para guardar parte de sus cosechas para usarla al año siguiente como semillas. La industria agrícola sospecha que detrás de ese derecho se esconde un mercado marginal, que multiplica las semillas y las vende sin reconocer derechos a los obtentores.